DESDE MI CALLE

  
EL JUEZ INSTRUCTOR EN LA CAUSA CONTRA AZAÑA CARLOS MUZQUIZ Y AYALA




 Serrano Súñer, el cerebro jurista del régimen franquista durante los primeros años, ordenó la apertura de una causa militar contra Azaña. Carlos Múzquiz y Ayala, juez instructor militar en los años de la guerra y primera postguerra y ya en la segunda mitad del siglo pasado, fué durante 16 años notario de Guernica. Músquiz era un caballero mutilado que dejó un recuerdo amable en la villa foral. Se le consideró como "hombre de la situación (franquista), pero nada ideologizado, afable, titular de una notaría llevada con orden profesional por los oficiales al cargo y con un notario sin especiales conocimientos jurídicos. Seguramente ésa notaria fuese un premio por servicios de guerra.

Llama la atención que, de entre los diecisiete juzgados militares operativos en Madrid en 1939, recayera la investigación sobre Azaña, perseguido número uno, en el juez instructor provincial Carlos Múzquiz y Ayala, teniente del Cuerpo Jurídico Militar. Alguien muy importante le debió designar para esa instrucción. En aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, dictada aún en plena guerra, Múzquiz abrió expediente, con el númeero 213, contra Manuel Azaña Díaz. Muzquiz era hombre meticuloso en su trabajo; abrumado por una ingente tarea, pues solamente la Falange de Madrid tenía fichadas a 529.875 personas, casi la mitad de la población de la provincia, de las cuales 174.000 iban acompañadas de un perfil socio-político. Hay que imaginarse el aluvión de denuncias que se recibían y la cantidad de ellas que acababan en el juzgado. Pero aún más, Múzquiz no se arrugaba, como demostró con el problema surgido ante el retraso en la contestación a sus requirimientos escritos, ordenando !una investigación a fondo del servicio de Correos por si alguien le estaba saboteando la correspondencia judicial!. Con todo concluyó la investigación contra Azaña en tiempo record, un año después, el 18 de setiembre de 1940. Su trabajo consistió principalmente en interrogar, mejor diríamos entrevistar, al Servicio de Información y Policía Militar, desde el que le aseguraron que Azaña se habría preparado para ingresaar en Academias Militares pero después de haber obtenido la plaza la abandonó "sin que se sepa el motivo, aunque es muy difundido el rumor de ser la causa defectos inconfesables". De esta forma se ponía por escrito y en papel timbrado militar uno de los mayores infundios contra Azaña: que era homosexual y que su boda con Dolores Rivas Cherif era una pantomina pues en realidad era amante de su cuñado Cipriano. El ejército hizo también su aprobacion: las leyes azañistas de reforma no perseguían la modernización de las fuerzas armadas sino "triturar la autoridad moral de todos los mandos". No podía faltar la Iglesia: el parroco de Nuestraa Señora de la Concepción informó sobre el feligrés Azaña señalándole responsable de una "actuación funestísima y demoledora para España" y como personaje inspirado en tenebrosos antros (en referencia a la masoneria) "creó tal estado social de crímenes que Dios en su infinita misericordia inspiró a nuestro ínclito Caudillo la misión de salvar a España". Según concluye Santos Juliá, biógrafo y especialista en Azaña, se fundían en la instrucción "las imágenes que las derechas católica, militar y falangista habían propagado de Azaña como un pervertido sexual, un masón familiarizado con antros tenebrosos, un enemigo del ejército y un marxista rencoroso adversario de la religión.

El 28 de abril de 1941, se dictó sentencia condenatoria, en la que entre otros pronunzamientos se solicitaba del gobierno que se le privase de nacionalidad. Al no ser ésto posible, pues Azaña ya había fallecido, el Tribunal, "inasequible al desaliento" que gustaban decir los franquistas, condenó a Manuel Azaña y a sus familiares al pago de cien millones de pesetas de la época, multa de cuantía idéntica impuesta al empresario Ramón de la Sota,a éste por ser nacionalista vasco, siendo ambas las más altas dictadas por tribunales franquistas, aunque en el caso de Sota con el añadido de otros 130 millones en sanciones a su familia. Era como coger una bicicleta para pedalear hasta la luna. Azaña había visto su casa de Alcalá de Henares decomisada por la Falange para establecer su sede local, más o menos como ocurrió con Sabin Etxea.Y antes de morir - Múzquiz lo había consignado con detalle - Azaña disponía de un saldo en el Banco Hispano Americano de 5.643,20 pesetas y otro en el Hipotecario de 47,70 pesetas, además de dos gallineros y un horno en Alcalá de Henares compartidos con sus familiares. Pero los intentos de cobrar la multa no cesaron hasta el año 1959, cuando los herederos de Azaña consiguiesen que les librasen de ésa carga. No sería hasta el 31 de marzo de 1969, justo 30 años después de acabada la contienda, cuando una nueva ley franquista declararía que nadie fuese investigado y condenado por delitos de la época de la guerra civil. Pareciera que la unidad de tiempo para que la derecha española abandone su sed de venganza estuviese establecida en treinta años.

Múzquiz estuvo de notario en Guernica desde junio de 1961 hasta enero de 1977, cuando tomó posesión de una notaría en Madrid. Discreto hasta el final de sus días, pocos de los que le trataron supieron de sus antecedentes como juez militar, mucho menos como instructor de la causa contra el ex presidente, algo que no podía ni recordar ni olvidar. Falleció en Madrid el 24 de noviembre de 1978, oficiándose misas en la capital y en Guernica. Su otro epitafio bien lo podría haber escrito el poeta ruso Fiodor Tiutchev: "no somos dados a valorar / En quien o como sobrevivirán nuestras palabras / Y se nos concede el olvido / En otro tiempo la gracia".